EXP. N.º 00013-2021-PI/TC
PODER EJECUTIVO
AUTO –
SUBSANACIÓN –
TERCERO
RAZÓN
DE RELATORÍA
En la sesión de
Pleno del Tribunal Constitucional,
de fecha 28 de septiembre de 2021,
los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini (con fundamento de
voto), Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera (con fundamento de
voto) han emitido el siguiente auto que resuelve:
ADMITIR la intervención de la Federación Centro Unión de
Trabajadores del Seguro Social de Salud - Essalud del Perú (FED-
CUT); y, por
consiguiente,
incorporarla en el presente proceso
de inconstitucionalidad en calidad de
tercero.
La
Secretaría del Pleno deja
constancia de que
la presente razón
encabeza el auto y los votos antes referidos, y que los magistrados
intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en
señal de conformidad.
Flavio
Reátegui Apaza
Secretario
Relator
SS.
LEDESMA
NARVÁEZ
FERRERO COSTA
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
SARDÓN DE
TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima,
28 de septiembre de 2021
VISTO
El escrito de fecha 08 de setiembre de 2021,
de subsanación de la solicitud de
intervención en calidad de tercero, presentado por la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud - Essalud del Perú (en adelante FED-CUT); y,
ATENDIENDO
A QUE
1.
Mediante el Auto de
fecha 17 de agosto de
2021, este Tribunal declaró
inadmisible
la solicitud de incorporación como tercero, por cuanto el solicitante no había cumplido
con
adjuntar copia del Registro de
Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos
(ROSSP), que acredite la titularidad y
representación; y, además, la copia del
documento nacional de identidad (DNI) y el poder del Secretario General. En esa
oportunidad, este Tribunal concedió cinco días hábiles para
subsanar las omisiones advertidas bajo apercibimiento
de declarar improcedente la solicitud.
2.
Por otra
parte, se advierte que, mediante la constancia de notificación electrónica de fecha 06 de
setiembrede 2021, este
Tribunal notificó a la FED-CUT la inadmisibilidad declarada en autos.
3. Con fecha
08 de setiembre de 2021, la entidad emplazada presenta el escrito de
subsanación, adjuntando la Constancia
de Inscripción Automática Registro de Organizaciones
Sindicales de
Servidores Públicos (ROSSP), emitida
por el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y la copia
del
DNI de su Secretario General.
4.
Conel documento expedido por el mencionado
Ministerio se deja constancia de
la inscripción de la organización sindical, pero, además, se añade el listado de los miembros de su Junta Directiva, del que surge que el señor Wilfredo Antonio Ponce
Castro tiene la condición de Secretario General desde el 28 de febrero de 2020 hasta el 27 de
febrero de 2023.
5.
Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal
considera que la referida
entidad ha
cumplido con subsanar la inadmisibilidad declarada y reúne los requisitos necesarios para ser
incorporada en calidad de tercero
en el presente
proceso de
inconstitucionalidad.
6. Corresponde advertir que los sujetos procesales como terceros, partícipes o amicus curiae
carecen de
la
condición de parte
y, en
consecuencia, no pueden plantear
nulidades o excepciones (fundamento 21 de la Sentencia 00025-2005-PI/TC y
otro), ni pedidos de abstención de magistrados (fundamento 2 del Auto 00007-2007-PI/TC), y
su actividad se limita a
aportar sentidos interpretativos relevantes, ya sea por escrito o
verbalmente, en el
acto
de la vista de la causa.
Por estas consideraciones,
el Tribunal Constitucional,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, y
con
los fundamentos de voto de los magistrados Blume
Fortini y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan,
RESUELVE
ADMITIR la intervención de la
Federación Centro Unión
de Trabajadores
del Seguro
Social de Salud - Essalud
del Perú (FED-CUT); y, por consiguiente, incorporarla en el
presente proceso
de
inconstitucionalidad
en calidad
de tercero.
Publíquese y notifíquese.
SS.
LEDESMA NARVÁEZ
FERRERO COSTA
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
SARDÓN DE
TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
PONENTE FERRERO COSTA
FUNDAMENTO
DE VOTO
DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME
FORTINI
Si bien concuerdo con la decisión de incorporar en calidad de tercero a la Federación
Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud - Essalud del Perú (en adelante
FED-CUT) al presente proceso de inconstitucionalidad, considero necesario efectuar las siguientes precisiones:
1. El proceso de inconstitucionalidad se caracteriza por ser de carácter esencialmente público, desde que a todos los ciudadanos en ejercicio de
sus derechos políticos, como
titulares auténticos y primigenios de una alícuota del Poder Constituyente, les interesa que
la Constitución Política del
Estado, que es la expresión
normativa del Poder Constituyente, sea respetada y cumplida en todas sus partes y dimensiones, por lo que
cuando una norma infraconstitucional de primer rango infringe la Constitución, más allá de la materia específica
de que trate, es evidente que se produce una afectación a uno de
los principios fundamentales sobre
los que se asienta el Estado Constitucional, cual es la
primacía normativa de la Norma Suprema
de la República.
2. Lo afirmado precedentemente viene respaldado por lo sostenido en su momento por el célebre maestro Hans Kelsen, artífice del control
concentrado de la constitucionalidad
y de los tribunales constitucionales, quien al diseñar el procedimiento de control
concentrado de la constitucionalidad,
refiriéndose
a la titularidad para promover la acción de inconstitucionalidad,
señaló: “la
más fuerte garantía
consistiría, ciertamente,
en autorizar
una actiopopularis:
así, el
tribunal constitucional
estaría
obligado a proceder al examen de la regularidad de los actos sometidos
a su jurisdicción, en
especial las leyes y los reglamentos a solicitud de cualquier particular” (KELSEN, Hans: “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. La Justicia Constitucional”. En
Ius Et Veritas,
revista editada por estudiantes de
la Facultad de
Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Año V, número
9, Lima,
1994, página 38.); y ha dado origen a que en algunos países se consagre expresamente una titularidad abierta para el ejercicio
de la acción de inconstitucionalidad, como es el caso de
Colombia; país en el
cual, por expreso mandato constitucional, cualquier ciudadano puede
interponer demandas, apersonarse
a procesos en giro o sumarse a la
posición de cualquiera de las partes, bajo la premisa de que tal titularidad viene a significar una
suerte de expresión
jurídica de la
soberanía popular.
3. En efecto, cuando está en juego la garantía de la primacía normativa de la Constitución
frente a normas de rango inferior
que la desnaturalizan, desbordan, desmantelan o
vacían de contenido, surge el interés de
todos por evitar o corregir tal despropósito, en aras
de la
salud y preservación
del Estado Constitucional.
4. Nuestra Constitución ha ido avanzado, desde la inauguración del control
concentrado de la constitucionalidad, producida en la Carta de 1979, hasta la fecha, de una posición
inicialmente muy restrictiva a una posición medianamente
restrictiva, como es de verse
del
elenco de titulares de la acción de inconstitucionalidad consagrado en el artículo
203 de la Constitución de 1993, actualmente vigente, revelando una tendencia hacia
una mayor apertura al
proceso
de inconstitucionalidad.
5. En esa línea, el Código Procesal Constitucional ha establecido en su artículo 104 el
efecto de la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad y
el impulso de oficio, preceptuando textualmente: “Admitida la demanda, y en atención al interés
público de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes. El proceso solo termina
por sentencia”. Es decir, ha acentuado el interés público que
corresponde a la pretensión, imponiendo
el impulso procesal de oficio y proscribiendo el desistimiento al
reglar que el proceso sólo
termina con sentencia.
6. Al respecto, debe llamar nuestra atención lo establecido en el artículo 48 del mismo código adjetivo
constitucional, que, si bien refiriéndose al amparo, pero revelando el espíritu del legislador, establece que “Quien tuviese interés jurídicamente
relevante en el resultado de un proceso puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte
facultativo. Si el juez admite su incorporación ordenará se le notifique la demanda. Si
el
proceso estuviera en segundo grado, la
solicitud será dirigida al juez superior.
El litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en que éste
se encuentre. La
resolución que concede o deniega la
intervención litisconsorcial
es inimpugnable.”.
7. Nótese que para el legislador la existencia de interés jurídicamente relevante habilita el
apersonamiento como litisconsorte
facultativo y abre la posibilidad de su
incorporación
como tal en el proceso de
amparo; proceso que no tiene
el
carácter rigurosamente público
que sí posee el proceso de inconstitucionalidad.
Es decir, que si
para un proceso en el cual se invoca
la afectación de un derecho fundamental por parte de la persona afectada, si se ha previsto la
figura del litisconsorte
facultativo, por lógica
elemental y por aplicación extensiva de dicho artículo, en el marco de los fines de los
procesos constitucionales y los principios
procesales que los informan, en un proceso de la envergadura y trascendencia del de inconstitucionalidad, con mucha mayor razón
y justificación es admisible la intervención litisconsorcial facultativa, en cualquier
etapa del proceso,
incluyendo la etapa de ejecución.
8. En tal sentido, en el proceso de inconstitucionalidad debe admitirse la participación de cualquier persona
natural o jurídica, entidad o institución, pues la dilucidación de la materia controvertida es un asunto de interés eminentemente público y general, ya que, en puridad, el cuestionamiento de
la inconstitucionalidad significa que una
norma infraconstitucional ha colisionado con la Constitución, que es la expresión normativa del Poder Constituyente, el cual corresponde al pueblo como titular único y primigenio del mismo, y se traduce en su alícuota que posee cada ciudadano. Así, afectar la
primacía normativa de la
Carta Suprema de la República es, sin lugar a dudas, lesionar
la expresión jurídica de la soberanía popular en su dimensión global (como pueblo), y en
su dimensión personal (como
individuo que lo integra).
S.
BLUME
FORTINI
FUNDAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
Coincido en el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero, al respecto, considero necesario
señalar lo siguiente:
1. En primer lugar, debe quedar claro que
este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido como requisito procesal que cuando una entidad privada
se apersone a un proceso de inconstitucionalidad para ser admitida como tercero, debe acreditarse de manera fehaciente
lo siguiente:
a) Que cuenta con
personería jurídica.
b) Que su objeto
social
tiene
relación directa
con la pretensión
de
la
demanda planteada.
c) Que exista un
alto
grado de representatividad
social de la
entidad.
2. Teniendo
en cuenta lo expuesto, es necesario evaluar estas condiciones en el caso de la
petición presentada. En ese sentido, verifico que, en el escrito de fecha 8 de setiembre
de 2021,se presenta la subsanación de la solicitud de
intervención en calidad de
tercero,en la que se
adjunta la constancia
de inscripción emitida por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo y la copia del DNI del representante (señalados en los
anexos). Asimismo, en cuanto a la
segunda condición,
observo que
el
objeto social propuesto por su estatuto se encuentra vinculado con la discusión
de la litis; y por
último, se sustenta el grado de representatividad requerido para
su participación. Por ende, corresponde su admisión en calidad de tercero con interés en la demanda de inconstitucionalidad planteada.
3. De otro lado, considero oportuno especificar que
los
sujetos procesales, como los
terceros, carecen de la condición
de parte, y,
que la intervención de estos sujetos
procesales no debe ocasionar
el entorpecimiento
del proceso y de
las actuaciones procesales ordenadas por
el
Tribunal Constitucional en su condición de director del proceso.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA